EXPENSAS CLARAS AMPARO JUDICIAL

BPN-12/12/12] Ayer 11 de diciembre, la Dra. Andrea Danas, titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 9, resolvió ordenar "al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suspensión de los efectos de la Resolución N° 408-SECGCyAC-2012 hasta tanto se dicte sentencia definitiva". La jueza ordenó también notificar a las partes "en forma urgente y en el día" mediante cédulas. De esta forma el programa "Expensas Claras", puesto en marcha por Eduardo Machiavelli, secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (SECGCyAC) mediante la Resolución 408, entra en una especie de freezer judicial antes de entrar en vigencia. La Resolución la firmó el 18 de septiembre y se publicó en el Boletín Oficial el 18 de octubre pasado. La demanda fue promovida por la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y su abogado patrocinante, el Dr. Jorge Martín Irigoyen, interpuso la acción el 13 de noviembre. Expensas Claras estaba formada por tres puntos principales: los administradores debían enviar a los copropietarios las liquidaciones en forma personalizada por e-mail con todos los comprobantes respaldatorios de los ingresos y egresos de ese período adjuntos, debía realizar los recibos según un modelo digital y debían abrir una cuenta bancaria a cada consorcio en forma obligatoria. No era la autoridad competente En su fallo de nueve carillas, la Dra. Danas señaló que en principio "el derecho invocado por los co-actores resulta verosímil […] El órgano emisor de la norma cuestionada, es decir la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, no es la autoridad de aplicación del régimen normativo que marca las relaciones entre administradores y consorcios, a saber, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor". A continuación advierte que "la primera es el superior jerárquico de la segunda" y agrega: "no obstante ello […] este asunto debe ser merituado y analizado en la sentencia definitiva, donde con mayores elementos de juicio, podrá vislumbrarse con claridad si se encontraban reunidos todos los requisitos necesarios para la viabilidad de la avocación de competencias". Norma interpretativa vs. norma nueva La jueza analizó también si la Resolución 408 podía ser considerada una norma interpretativa de la Ley 941 modificada por la Ley 3.254 o era una norma nueva que excedió sus facultades legales: "en principio es posible afirmar que no se podría –mediante una norma interpretativa- sumar nuevas y distintas obligaciones a las impuestas en el régimen aplicable. De lo contrario, la Administración local, y en concreto la autoridad de aplicación de la Ley 941, estaría excediendo sus facultades legales, como pareciera haber ocurrido en el caso". A continuación argumenta que "podría sostenerse que la norma cuestionada controvierte ciertos principios fijados en la Ley 941 porque en el caso de la liquidación de expensas junto con la digitalización de todos los comprobantes respaldatorios y su correspondiente envío por correo electrónico, impone un modo específico de acción que no está prescripta en el artículo 10 de la Ley 941. En efecto, de la lectura de esa norma, se advierte que el legislador ha dejado librado a la decisión de cada consorcio la forma en que se rendirá la liquidación de expensas. A la misma solución corresponde arribar en relación con la bancarización de los depósitos del consorcio puesto que, el artículo 9, inciso h, de la Ley 941, dispone que el administrador debe abrir una cuenta bancaria a nombre del consorcio para depositar allí sus fondos; sin embargo, esta obligación cae si la asamblea decide en contrario". El peligro en la demora En los fundamentos de su sentencia la Dra. Dana explicó que "el rechazo de la medida cautelar implicaría la obligación de hacer frente, en forma inminente dado que la norma impugnada entrará en vigencia en menos de un mes, a las obligaciones que ella impone, con la consiguiente inversión económica que deberá afrontar cada administrador para adecuarse a la norma, sin contar que podría existir un porcentaje de propietarios que no recibiesen su liquidación de expensas, por carecer de los medios tecnológicos necesarios para acceder a ella o, se viesen compelidos a abrir una cuenta bancaria para efectuar los depósitos del consorcio, pese a su clara voluntad en contra de ello, situación que estaría amparada por la norma, mas no por la interpretación que se ha hecho de ella" y concluyó expresando que "en estas condiciones, puede sostenerse que la presente medida tiende a evitar los mayores daños que podrían producirse si no fuera otorgada". El amparo no causará perjuicios Por último, la jueza evaluó el grado de perjuicio que podría causar el sentenciar una medida cautelar contra la Resolución 408 y evaluó que "en cuanto al interés público, de la presente medida precautoria no resulta un grave perjuicio ya que sólo consiste en mantener las obligaciones hasta ahora vigentes impuestas por el régimen normativo aplicable que regula las relaciones jurídicas entre administradores y consorcistas, quienes deberían efectuar costosas inversiones a fin de adecuarse a lo preceptuado por el acto administrativo impugnado" Fuente: Boletín de Pequeñas Noticias N° 482 12/12/2012